¿Cómo terminó Francia sumida en semejante barbarie?

Todo comenzó en septiembre de 2026, con una protesta legítima de estudiantes de secundaria que exigían mejores condiciones educativas, más profesores y soluciones al hacinamiento en las aulas. Lo que inicialmente parecía una reivindicación estudiantil terminó convirtiéndose en una crisis social y política de enormes proporciones.

Pero ¿cómo llegó Francia a esta situación?

Para comprenderlo, debemos analizar un problema que va mucho más allá de la educación: la sostenibilidad del gasto público está mucho más allá de sus alcances y las prioridades de un Estado que ha asumido compromisos sociales cada vez más amplios.

Francia es un país que tiene salud y educación pública y gratuita, semana laboral reducida de 35 horas, aborto legal y gratuito, tratamientos para cambio de sexo patrocinado por el estado, planes sociales para desempleo, ley de alquileres y licencia maternal y paternal extendida, ley de paridad de género y ley de cupo trans, subsidios a la industria, al transporte, empresas de energía estatizadas, regulaciones e impuestos al carbón y las leyes ecologistas más duras del mundo, tienen fronteras completamente abiertas, pagan reparaciones por haber colonizado otros países  y hasta viviendas gratuitas para inmigrantes, conozco a una persona muy cercana que recibió una pensión de 3 cifras bajas mensuales durante unos 4 meses en la pandemia solo por el hecho de tener una doble nacionalidad heredada de un antepasado de tercera generación. A esto se suman políticas medioambientales, impuestos sobre las emisiones de carbono y programas de asistencia e integración dirigidos a determinados colectivos, incluidos extranjeros que ni cumplen los requisitos legales correspondientes.

Todo lo nombrado anteriormente está a disposición de propios y extraños, nacionales y extranjeros, legales e ilegales, trabajadores y no trabajadores y sus familias.

No pretendo cuestionar la legitimidad de cada una de estas políticas. Lo que cuestiono es la capacidad del Estado para sostener financieramente todas sus obligaciones sin comprometer servicios esenciales.

Gracias a ese exceso de tolerancia que han tenido los gobiernos tibios, tienen todo lo que quiere la izquierda, pero nunca plantea de donde van a salir los fondos para financiar tantos beneficios subsidios y dádivas, pero tarde o temprano la presión social hace que pase lo que ha pasado: los beneficiarios de esos subsidios salen a las calles y prenden fuego TODO, confirmando que sus anhelos convertidos en derechos son insaciables, y por eso no hay que darles ni un centímetro de nada.

Porque los recursos públicos no son infinitos y cada decisión presupuestaria implica prioridades, costos y renuncias.

Cuando un Estado enfrenta dificultades fiscales, debe decidir dónde ajustar el gasto, cómo incrementar sus ingresos y qué servicios proteger. En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si la distribución de los recursos públicos responde verdaderamente a las necesidades más urgentes de la población.

El problema educativo francés demuestra que incluso un país con una elevada inversión pública puede presentar deficiencias graves en servicios fundamentales.

Una reflexión que también nos concierne en Ecuador

Nuestro país ha enfrentado debates similares sobre la sostenibilidad de la seguridad social.

Durante el Gobierno de Rafael Correa se amplió la cobertura en salud del IESS a los familiares de los afiliados. Aquella decisión, presentada como una ampliación de derechos, también plantea una pregunta fundamental: ¿se evaluaron y financiaron adecuadamente las obligaciones adicionales que asumiría el sistema?

Una política social no debería medirse únicamente por el número de beneficiarios que incorpora, sino también por su sostenibilidad financiera y por la calidad del servicio que puede garantizar a largo plazo.

Ampliar derechos sin asegurar los recursos necesarios para financiarlos puede terminar perjudicando precisamente a quienes se pretende beneficiar.

Del reclamo estudiantil a la confrontación política

Retomemos lo sucedido en Francia.

El movimiento estudiantil, iniciado en septiembre, fue adquiriendo fuerza hasta extenderse por distintas ciudades. A las demandas educativas se sumaron reivindicaciones relacionadas con el costo de vida, los salarios, las pensiones y el funcionamiento de los servicios públicos.

En este escenario apareció Jean-Luc Mélenchon, referente de la izquierda radical francesa y figura política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Melenchón y su movimiento, La Francia Insumisa, se apropiaron de las movilizaciones estudiantiles y alentaron una mayor participación social. Sus adversarios políticos los acusaron de intentar capitalizar electoralmente el descontento, mientras que Melenchón sostuvo que las protestas habían surgido de manera independiente.

El 17 de octubre marcó un punto especialmente grave. Las movilizaciones, que reunieron a estudiantes, trabajadores, sindicatos y otros sectores sociales, estuvieron acompañadas de violentos enfrentamientos, incendios, saqueos y daños a edificios públicos.

También reaparecieron sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos, surgido en 2018 como respuesta al incremento de los impuestos sobre los combustibles y al deterioro del poder adquisitivo.

Lo que comenzó como una exigencia de mejores condiciones educativas había evolucionado hacia una protesta mucho más amplia contra el Gobierno y la situación económica del país.

Sin embargo, es indispensable distinguir entre quienes ejercieron legítimamente su derecho a manifestarse y quienes recurrieron a la violencia.

Ninguna reivindicación social, por legítima que sea, justifica destruir bienes públicos, atacar a las fuerzas del orden o perjudicar a ciudadanos que nada tienen que ver con las decisiones del Gobierno.

Conclusión: los derechos necesitan recursos y las protestas necesitan límites

Lo ocurrido en Francia debería servirnos como advertencia sobre tres problemas que pueden coexistir en cualquier democracia: la falta de sostenibilidad fiscal, la desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades ciudadanas, y el riesgo de que el descontento social sea instrumentalizado con fines políticos.

Un Estado responsable no es necesariamente aquel que promete más beneficios, sino aquel que puede financiarlos, administrarlos eficientemente y garantizar su continuidad.

Tampoco debemos confundir la legítima protesta ciudadana con la violencia. Reclamar mejores servicios públicos es un derecho; incendiar ciudades y destruir el patrimonio colectivo no lo es.

La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra del Estado de bienestar, sino a determinar qué políticas funcionan, cuánto cuestan, quién las financia y cuáles son sus resultados.

Porque los anhelos de unas minorías se convierten en los derechos sin financiamiento se convierten en promesas difíciles de cumplir; los gobiernos sin responsabilidad fiscal trasladan sus problemas a las siguientes generaciones, y las protestas que abandonan la razón para recurrir a la violencia terminan debilitando las causas que dicen defender.

Francia nos recuerda que una sociedad no se construye únicamente reconociendo derechos, sino también asumiendo responsabilidades.